Aprobado el Real Decreto-ley de medidas agrarias y de aguas para afrontar la sequía y el impacto del conflicto en Ucrania
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados ratificó el pasado 7 de junio el Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia agraria y de aguas para hacer frente a la prolongada sequía y al deterioro de las condiciones del sector primario debido a la guerra en Ucrania. En dicho decreto se asignan 2.190 millones de euros, de los cuales 784 millones se destinarán al sector agrario, incluyendo 636 millones en forma de ayudas directas para respaldar a los agricultores y ganaderos frente a la difícil situación provocada por la falta de lluvias.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, enfatizó que el Gobierno de España brinda un apoyo "firme y sin reservas" a todo el sector agroalimentario con el fin de ayudarlo a superar las dificultades actuales. Destacó que este sector no solo proporciona suficientes alimentos de alta calidad a precios razonables, sino que también ha alcanzado un récord en exportaciones cercano a los 70.000 millones de euros en el último año móvil.
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Además de estas ayudas, el ministro recordó que el Gobierno está en conversaciones con la Comisión Europea para activar la reserva de crisis y obtener apoyo presupuestario adicional, así como para aumentar la cantidad de anticipos de las ayudas de la Política Agraria Común y lograr una mayor flexibilidad en la aplicación de esta política comunitaria.
Durante el debate de ratificación, el ministro explicó que este real decreto-ley tiene como objetivos principales fomentar la supervivencia de un medio rural próspero frente al problema de la sequía, impulsar las infraestructuras hídricas, revitalizar el sector del transporte y proteger a los trabajadores de las olas de calor.
Planas detalló que se han articulado tres grandes bloques de apoyo a los sectores agrarios para lograr una mayor eficacia. En primer lugar, se aprobó un aumento extraordinario y excepcional de las subvenciones a los titulares del seguro agrario, con un importe estimado de 40,5 millones de euros, elevando la ayuda hasta alcanzar el 70% del costo de las pólizas ya contratadas, incluida la ayuda autonómica, el máximo permitido por la normativa europea.
Para garantizar la viabilidad de las explotaciones ganaderas dependientes de pastizales y cultivos forrajeros, se han establecido ayudas por un valor estimado de 355 millones de euros para los sectores ganaderos de carne y leche. Además, se prevén ayudas directas por un total de 276,7 millones de euros para los sectores agrícolas más perjudicados por la sequía. También se contempla una subvención directa de 5 millones de euros a las comunidades autónomas para atender las necesidades de la apicultura.
Asimismo, el Gobierno busca fortalecer la solvencia empresarial y el acceso al crédito con una asignación adicional de 23 millones de euros para reforzar la línea de financiación ICO-MAPA-SAECA y subvencionar el costo de los avales correspondientes.
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En un segundo bloque, el ministro se refirió a las medidas fiscales de apoyo al sector primario, que incluyen la exención de la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en las explotaciones afectadas y del Impuesto de Sociedades en relación con las ayudas de los ecorregímenes de la nueva Política Agraria Común (PAC).
En un tercer bloque, se buscó flexibilizar ciertos aspectos de la aplicación de la PAC, como la ampliación del plazo para solicitar las ayudas hasta el 30 de junio de 2023 y la reducción, en 2023 y 2024, de la frecuencia de envío de información en los cuadernos digitales de explotación.
El ministro destacó que este conjunto de medidas también incluía aspectos socio-laborales, como el aplazamiento en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2023 de la medida excepcional que reducía a 10 el número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio agrario en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura.
En cuanto a las medidas hidrológicas, el ministro señaló que este Real Decreto-ley también incluía una serie de medidas estructurales para hacer frente a la sequía. Destacó que el Gobierno de España había incrementado gradualmente el presupuesto destinado a obras hidráulicas, que contarían con una asignación de 22.000 millones de euros para el período 2023-2027, de los cuales 10.000 millones provenían de inversión directa del Estado.
El ministro subrayó la necesidad de impulsar medidas estructurales coherentes que tuvieran en cuenta la gestión de la demanda, la eficiencia en el uso del recurso y la calidad del agua para garantizar el suministro urbano y las necesidades de los sectores afectados.
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En este sentido, se preveían acciones en cuatro áreas: la modificación de la ley de aguas para promover la reutilización, medidas de apoyo a los sectores afectados (especialmente los regantes) como la reducción de los cánones, el impulso a la construcción de importantes infraestructuras y la declaración de interés general del Estado para la mejora del suministro en Matalascañas, a fin de que estas obras fueran llevadas a cabo por la Administración General del Estado.
El ministro señaló que se destinarían aproximadamente 1.400 millones de euros para financiar estas acciones, con el objetivo de abordar la sequía y aumentar la disponibilidad de agua en las áreas más necesitadas.
En relación con las medidas de transporte, el real decreto-ley buscaba apoyar a un sector que también había sufrido las consecuencias de la guerra en Ucrania. En particular, el Gobierno pretendía fomentar, especialmente entre los jóvenes, el uso del transporte público en sus desplazamientos tanto dentro de España como en el resto de Europa durante el verano de 2023.
Del mismo modo, la normativa ratificada incluía medidas de protección para los trabajadores frente a los efectos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos adversos. Estas medidas se basarían en una evaluación de los riesgos laborales que tendría en cuenta tanto las características de las tareas como las individuales de los trabajadores.
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