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Dos nuevas jefaturas desatan la polémica en la Diputación de Cuenca

El Partido Popular ha denunciado la creación de jefaturas de servicio “a medida” para cargos del PSOE en la Diputación de Cuenca. Desde el equipo de Gobierno socialista defienden la legalidad del proceso y anuncian que estudiarán acciones legales por lo que consideran un ataque a la honorabilidad de los funcionarios.

 

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La creación de dos jefaturas de servicio en la Diputación Provincial de Cuenca ha desencadenado una nueva controversia política entre el Partido Popular y el PSOE. Según ha denunciado el Grupo Popular, estos nuevos puestos están “destinados y a medida de cargos socialistas”, haciendo referencia directa a Nuria Illana, exvicepresidenta de la institución y alcaldesa de Sotos, y a Héctor Serrano, concejal del Ayuntamiento de Cuenca.

El caso que más críticas ha generado por parte del PP es el de Illana, quien, según indican, ha ascendido en tan solo seis meses del grupo C2 al A1 con un nivel 28, alcanzando una retribución cercana a los 5.000 euros mensuales. “Parece que su dimisión como vicepresidenta hace un año y para la que aludió motivos personales le ha salido bastante rentable”, ha declarado Clara Plaza, presidenta del Grupo Popular en la Diputación.

Plaza ha insistido en que estos puestos de dirección son innecesarios y se cubren con rapidez, mientras otras plazas, como las de auxiliares administrativos o personal en la residencia de mayores, siguen sin cubrirse durante meses. Además, ha calificado esta situación como una “práctica injusta y discriminatoria”, cuestionando los criterios de selección de personal en la institución: “¿Por qué ser un cargo socialista o familiar de uno de ellos es una parte esencial de los méritos que se requieren para trabajar actualmente en la Diputación de Cuenca?”

En su comunicado, el PP también ha denunciado la reciente incorporación del marido de Nuria Illana y del marido de una asesora del presidente a la plantilla de la Diputación. “Se está convirtiendo en una práctica habitual desde que el PSOE gobierna la Diputación y se ha acentuado estos últimos meses”, afirma Clara Plaza, quien también ha recordado otro caso anterior en el que un opositor, hijo de un cargo local socialista, obtuvo la nota más alta entre más de 70 aspirantes.

 

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Por su parte, el PSOE de la Diputación de Cuenca ha respondido calificando estas acusaciones como “deleznables y rastreras”. Aseguran que los procesos selectivos se han llevado a cabo mediante concurso-oposición público y que han sido evaluados “única y exclusivamente por funcionarios”. Según explican, estas incorporaciones se deben a un proceso de estabilización que ha permitido crear una bolsa de interinos del grupo A1, y en la que las personas mencionadas ocuparon la tercera y cuarta posición en el orden de baremación, accediendo a las plazas tras la renuncia de otros candidatos.

El PSOE afirma que estas plazas “llevan años creadas” y su cobertura era necesaria para el buen funcionamiento de la Diputación. Además, subrayan que se trata de puestos provisionales que saldrán a concurso en la próxima oferta pública de empleo de 2025.

El equipo de Gobierno también ha mostrado su malestar por las insinuaciones hacia el tribunal evaluador, y anuncia que “va a estudiar acciones legales porque este comunicado ataca directamente la honorabilidad de los funcionarios que evaluaron estas plazas”.

Los socialistas han señalado que “no todo vale en política” y han recordado que durante gobiernos anteriores del PP en la Diputación de Cuenca existían prácticas cuestionadas, aludiendo a “dirigentes políticos de este partido que estaban en los tribunales de las oposiciones y daban los exámenes a familiares y allegados suyos, tal y como consta en sentencias judiciales en firme”.

 

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La denuncia del Partido Popular y la respuesta del equipo de Gobierno socialista reflejan el clima de tensión política que se vive en la Diputación de Cuenca. Mientras el PP habla de enchufismo y favoritismo, el PSOE defiende la transparencia del proceso. La polémica pone el foco en los procedimientos de contratación pública y su impacto directo en la gestión institucional.