El campo se levanta contra el pacto con Mercosur: Toledo será el epicentro de las protestas el 29 de enero
Las organizaciones agrarias ASAJA y UPA ultiman una movilización masiva para denunciar la "competencia desleal" que supondrá el nuevo acuerdo comercial. La protesta se enmarca en una ola de descontento que recorre el sector primario ante la falta de soluciones.
El campo de Castilla-La Mancha rompe su tregua y activa un plan de protestas que tendrá su punto álgido el próximo 29 de enero. Tras un periodo de creciente malestar, las asociaciones agrarias han convocado una gran tractorada en Toledo bajo la consigna 'Mentiras no, soluciones sí'.
El eje del conflicto: El acuerdo UE-Mercosur
El detonante de esta nueva crisis es la fase final del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el bloque Mercosur (integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Tras décadas de negociaciones, la posible ratificación del documento ha encendido las alarmas en el campo español.
Para el agricultor local, este pacto se percibe como una amenaza directa a su viabilidad. El sector denuncia que el acuerdo facilitará la entrada de productos sudamericanos que no están sujetos a las mismas exigencias fitosanitarias, medioambientales y laborales que se imponen dentro de la Unión Europea. Esta disparidad de criterios genera, según denuncian ASAJA y UPA, una situación de desigualdad que imposibilita competir en precios.
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La movilización del 29 de enero en Toledo no es un hecho aislado, sino que responde a un malestar generalizado que busca forzar un cambio en la política agraria comunitaria. Los convocantes exigen la implementación de las denominadas "cláusulas espejo": un principio de reciprocidad que obligaría a cualquier producto importado de terceros países a cumplir exactamente las mismas normas que se exigen a los productores europeos.
Aunque Mercosur actúa como catalizador, el malestar del campo es estructural. Los portavoces regionales insisten en que la rentabilidad de las explotaciones está al límite debido al encarecimiento de los costes de producción y a una Política Agraria Común (PAC) que consideran excesivamente burocratizada y alejada de la realidad del terreno.
A estas demandas se suma la exigencia de soluciones urgentes en materia de agua y regadío, así como una aplicación efectiva de la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar que los precios en origen cubran los costes reales de producción.
Desde las instituciones europeas se ha defendido históricamente este tipo de acuerdos como herramientas estratégicas para abrir mercados a otros sectores industriales. Sin embargo, el campo castellanomanchego rechaza ser "moneda de cambio" en las negociaciones internacionales.
A medida que se acerca la cita en Toledo, el sector confía en que la protesta sirva para abrir una interlocución real con las administraciones. La jornada del 29 marcará un punto de inflexión en la relación entre el mundo rural y los centros de decisión política en un inicio de año marcado por la incertidumbre.
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