Investigan a un profesor de autoescuela en Cuenca por dar clases sin permiso de conducir
La Guardia Civil ha investigado a un profesor de autoescuela de la provincia de Cuenca por impartir clases prácticas de conducción pese a tener el permiso de conducir retirado por decisión judicial y por la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid. El docente fue sorprendido mientras acompañaba a un alumno que se preparaba para obtener el permiso de clase B.
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Efectivos del Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Cuenca han investigado a un profesor de autoescuela que impartía clases de conducción a pesar de tener retirado el carné por dos resoluciones en vigor: una judicial y otra administrativa.
Según han informado fuentes oficiales, la investigación se produjo cuando el profesor fue sorprendido en el ejercicio de su labor, acompañando a un alumno en una clase práctica para la obtención del permiso de conducción de la clase B. En el momento de los hechos, el docente tenía dos retiradas del permiso de conducir vigentes: una dictada por sentencia judicial y otra por la Jefatura Provincial de Tráfico de Madrid.
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Los agentes instruyeron diligencias contra esta persona, que podría enfrentarse a una pena de prisión de entre tres y seis meses, una multa de doce a veinticuatro meses o trabajos en beneficio de la comunidad de entre 31 y 90 días. Además, en todos los casos se contempla la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un período de entre uno y cuatro años.
Este suceso ha generado preocupación en el ámbito de la seguridad vial y en el entorno educativo de la provincia, ya que pone en entredicho la confianza depositada en profesionales encargados de formar a futuros conductores. Desde la Comandancia de la Guardia Civil se recuerda la importancia de cumplir con todos los requisitos legales para desempeñar funciones docentes en centros de formación vial.
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La investigación sigue en curso y se encuentra en manos de las autoridades judiciales. Este caso pone de relieve la necesidad de garantizar que los profesionales del sector de la formación vial cumplan con todos los requisitos legales para ejercer su labor.