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La Guardia Civil refuerza los controles en monterías de Cuenca tras hallar piezas de caza sin procedencia acreditada

La Guardia Civil ha intensificado los controles en actividades cinegéticas que se desarrollan en la provincia de Cuenca con el objetivo de garantizar la seguridad de los participantes y el cumplimiento de la normativa sanitaria en la manipulación de las piezas de caza destinadas a la comercialización.

Las actuaciones están siendo llevadas a cabo por patrullas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de Cuenca, en coordinación con veterinarios del Servicio de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Agentes Medioambientales.

El dispositivo se puso en marcha tras una intervención realizada en Cañaveras, donde agentes del SEPRONA localizaron trofeos de caza mayor y varias canales cárnicas cuya procedencia legal no pudo acreditarse. A partir de este hallazgo se iniciaron inspecciones en zonas de evisceración durante monterías celebradas en distintos puntos de la provincia.

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Durante estos controles, los agentes y técnicos han revisado el tratamiento de las piezas de caza destinadas a la venta, detectando irregularidades relacionadas con la sanidad alimentaria. Entre las deficiencias observadas se encuentran la falta de personal auxiliar, la ausencia de un perímetro de seguridad en las zonas de evisceración, problemas de limpieza y desinfección y la falta de contenedores estancos para el transporte de material SANDAH.

De forma paralela, el SEPRONA ha realizado labores de vigilancia en monterías, ganchos y batidas para comprobar el cumplimiento de las normas de seguridad. Como resultado de estas inspecciones se han tramitado denuncias por infracciones como el abandono o doblado de puestos, disparos en zonas de seguridad o la ausencia de prendas reflectantes de alta visibilidad.

La vigilancia también se ha extendido a la caza de aves migratorias en la modalidad del zorzal, donde los agentes intervinieron aparatos electrónicos utilizados como reclamo, medios prohibidos por la legislación vigente.

Las actas y denuncias instruidas han sido remitidas a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Cuenca. Las sanciones económicas previstas pueden oscilar entre los 601 y los 6.000 euros.

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